Del aplauso internacional al olvido local: la doble cara de las políticas antidrogas en Colombia

En septiembre de 2022, durante la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro afirmó que la “guerra contra las drogas” es un fracaso global y que Colombia no seguiría soportando sola los costos de esta política. Su discurso, que invitaba a dejar la represión y pasar a un modelo basado en salud pública y regulación, fue aclamado internacionalmente.

Sin embargo, mientras el país era ovacionado en Nueva York, en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Putumayo la realidad contaba otra historia: economías ilegales dominadas por actores armados, lentitud en los programas de sustitución y la continuidad de la erradicación forzada. Entre el discurso y los territorios se abre un abismo que revela la incoherencia de la política antidrogas.

La “guerra contra las drogas” en Colombia se consolidó desde los años ochenta con el auge de los carteles y se profundizó con el Plan Colombia en los noventa. Aunque debilitó estructuras criminales, no logró frenar la producción de cocaína y dejó graves consecuencias sociales y ambientales. Así, el modelo represivo no solucionó el problema, sino que lo transformó en parte estructural de la vida nacional.

En este escenario, el discurso de Petro aparece como una ruptura simbólica con esa tradición: cuestiona la hipocresía internacional y reclama un cambio de paradigma. No obstante, como se verá a continuación, la práctica en los territorios contradice las palabras que entusiasman en el exterior.

Pero, como todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas “tanta dicha no puede ser cierta”. Mientras el presidente ganaba reconocimiento por sus palabras a nivel global, la realidad en nuestro país es mucho más compleja. La nación que intenta encabezar la discusión internacional contra el prohibicionismo aún enfrenta dinámicas locales que parecen contradecir esa narrativa: economías ilegales que persisten, comunidades rurales atrapadas entre la pobreza y los grupos armados, y un Estado que promete sustitución pero continúa con la erradicación. Esa discrepancia entre lo que se manifiesta externamente y lo que sucede internamente representa la principal contradicción de la política sobre drogas del gobierno actual. 

A continuación se desplegará la evidencia de que la realidad en los territorios rurales exhibe una brecha notable entre lo que se promete y lo que se vive

• En primer lugar, los cultivos de coca no solo disminuyen, sino que aumentan: en 2023 Colombia llegó a 253.000 hectáreas de hoja de coca, un aumento del 10 % en comparación con el año anterior, y la producción potencial de clorhidrato puro aumentó un 53 %, de 1.738 a 2.664 toneladas métricas (EFE, 2024). 

• Además, cerca de la mitad de dichos cultivos está ubicada en áreas de reserva ecológica, parques nacionales y tierras indígenas, lo que genera un serio conflicto entre la preservación del medio ambiente y la batalla contra el narcotráfico (La República, 2024). 

• Tercero, respecto a la erradicación, las estadísticas oficiales indican que el progreso está muy por debajo de lo requerido: para alcanzar los objetivos de erradicación de 50.000 ha en 2025, se tendrían que eliminar aproximadamente 137 ha diariamente, sin embargo, los promedios actuales distan mucho de esa cifra (Mongabay Latam, 2024). 

• Finalmente, a pesar de los decomisos récord —como las 700 toneladas de clorhidrato de cocaína confiscadas en lo que va de 2025— esos esfuerzos no han logrado frenar la expansión de los cultivos ilegales (Infobae, 2025). 

No obstante, detrás de los datos estadísticos están las crudas realidades vividas diariamente en las regiones más afectadas del país. Las cifras son para dimensionar el problema, pero no personifican y humanizan el impacto que la expansión de la coca, la erradicación forzada o la ausencia de alternativas tienen sobre comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Para lograr comprender la verdadera distancia entre el discurso de Petro y la realidad del diario vivir es indispensable escuchar las voces de quienes habitan estos territorios y enfrentan de primera mano las consecuencias de esta política. 

En Putumayo la situación es alarmante donde se puede demostrar que claramente se contradice la idea de que los cultivos ilícitos están disminuyendo. Según la UNODC, el departamento pasó de tener 28.205 hectáreas de hoja de coca en 2021 a 48.034 en 2022, lo que representa un aumento del 70 %. Además, Candice Welsch —representante de la UNODC para la Región Andina y el Cono Sur— advierte que muchas de esas zonas se localizan en parques naturales, territorios indígenas y zonas de manejo especial, donde “hay comunidades vulnerables y se favorece la producción porque no hay otras alternativas”, especialmente cuando el Estado tiene poca presencia institucional. 

Desde la voz de los habitantes, historias como la de Mary luz, quien es una líder indígena del pueblo nasa, muestran el costo humano de este contraste discurso-territorio. Su trabajo es recorrer veredas para tratar de convencer a los campesinos de que abandonen la coca y se dediquen al cacao. Y no es que no haya voluntad, porque el caso de ella y el de familias en 14 asociaciones campesinas e indígenas decidieron erradicar la coca definitivamente. Pero, lo que vuelve difícil dejarlo son servicios básicos que son nulos, los precios de los cultivos legales son bajos, y aún se sufre por efectos de fumigaciones o amenazas de violencia. 

Por otro lado, en el Cauca el gobierno reporta que más de 500 familias campesinas se han unido al programa de sustitución de cultivos ilícitos. Más específicamente en Argelia (municipio del Cauca, las familias beneficiarias están esperanzadas de pasar de lo ilegal a lo legal : “queremos hacer un cambio y este cambio lo vamos a hacer con nuestro gobierno, y ojalá que todos estos proyectos se hagan realidad”, dice uno de los campesinos. La voluntad la hay por millones, pero los recursos y la rentabilidad de pasarse a lo legal a veces es lo que frena a muchas familias a erradicar la participación de cultivos ilícitos. 

En otras instancias, en el Catatumbo la cruda realidad es aún más dura de lo que alguien puede imaginar, sus cifras lo dicen:  al menos 60 muertos, más de 18.000 desplazados y 46.000 niños sin clases, tras cinco días de enfrentamientos recientes. Comunidades indígenas están confinadas, hay retenciones ilegales, privados de libertad, y un Estado que reacciona con declaraciones de emergencia, pero pocas veces con la protección efectiva requerida. Estas estadísticas no solo muestran la gravedad de la crisis, sino también la disparidad entre el discurso de cambio que Colombia presenta globalmente y la vulnerabilidad diaria que todavía sufren sus áreas más afectadas. 

El discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU posiciona a Colombia como un presunto líder global en la crítica a la guerra contra las drogas, pero ya vimos que por los datos y testimonios desde Putumayo, Cauca y Catatumbo evidencian que el país sigue atrapado en la expansión de cultivos ilícitos, la violencia armada y la falta de alternativas reales para las comunidades. La distancia entre el ámbito internacional y la vida en los territorios representa el gran reto de este gobierno: hacer que la narrativa se convierta en realidades concretas. De lo contrario, Colombia seguirá brillando en los foros globales mientras se desangra en su propio suelo.